El Juzgado de lo Social número 2 de Avilés ha condenado en primera instancia al Ayuntamiento a readmitir al trabajador que prestaba servicio en el telecentro de Salinas, despedido el 31 de diciembre a raíz de la decisión del Principado de no renovar la subvención anual, por importe de 27.000 euros, que sufragaba el servicio.

Desde entonces el telecentro permanece cerrado, y su reapertura se ha situado en el eje de la vida política municipal. IU, PSOE y PP aprobaron una moción presentada por este último partido que insta al Principado a que restituya la subvención, y que contempla que en caso de negativa, el Ayuntamiento asumiría la reapertura mediante una reorganización del personal que atiende los telecentros de Piedras Blancas y Raíces. Así, los mismos trabajadores se encargarían de los tres, con la consecuente reducción de horarios.

Al margen del debate político, la asociación de jubilados La Peñona y la asociación de vecinos Amigos de Salinas han presentado más de 800 firmas solicitando la reapertura, y esta última, Amigos de Salinas, ha convocado una concentración para el próximo día 14 en la que también denunciará «el estado de abandono en el que se encuentra sumido Salinas. Vamos a pedir la dimisión de la alcaldesa», manifestó ayer su presidente, Eloy Martínez. La concentración está programada para la una de la tarde en la glorieta de la Avenida de El Campón.

Aunque el Principado financiaba el servicio, la contratación del trabajador era responsabilidad del Ayuntamiento, que por tanto fue quien le despidió. Era un contrato por obra y servicio de un año, que se habría extinguido el 31 de diciembre. En su recurso, el trabajador alegó que su relación laboral con el Ayuntamiento, a través del Patronato de Cultura, se remonta al año 2006, mediante la concatenación de distintos contratos y que por tanto, tendría que tener la consideración de personal laboral indefinido.

Y según anunció ayer su representante legal, el juez le ha dado la razón, declarando improcedente el despido y condenando al Ayuntamiento a que le readmita y le abone los salarios pendientes desde el 1 de enero. Dada su condición de representante sindical, como delegado del Patronato de Cultura, no cabría la posibilidad de despido mediante indemnización, salvo que así lo solicitase el afectado.