Las viviendas de protección oficial de Salinas, construidas en el solar de la antigua plaza de abastos, son motivo de discordia entre los vecinos de la localidad. En una parte del conflicto están los propios inquilinos, que defienden su derecho a una vivienda digna. A su lado, el Ayuntamiento de Castrillón, que cedió los terrenos al Gobierno regional para la construcción del inmueble. Y por otro lado está la asociación “Amigos de Salinas”, que denunció la ilegalidad de los pisos. Por último, y en medio de todos ellos, el Principado, que es el propietario del inmueble y debe decidir qué hacer tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, que declara irregular la construcción de viviendas en un terreno destinado a equipamiento público.

Los inquilinos de las 92 viviendas consideran que el presidente de la asociación vecinal “Amigos de Salinas”, Eloy Martínez, está orquestando una “persecución” contra ellos que se debe a unos “prejuicios sociales espeluznantes y antidemocráticos”, según afirma un grupo de vecinos en un comunicado. También destacan su derecho a residir en la localidad, igual que los demás ciudadanos. Por otra parte destacan el impulso a la economía local que supone la llegada de 92 familias al localidad. La alcaldesa de Castrillón, Ángela Vallina, considera “indecente” la actitud de Eloy Martínez, quien “está empeñado en dejar a 92 familias jóvenes en la calle”. Por otra parte la regidora considera que las viviendas en régimen de alquiler destinadas a colectivos en situación de vulnerabilidad social “deberían considerarse equipamiento público, más en tiempos de crisis como los actuales” y lamenta que el anterior gobierno de Francisco Álvarez-Cascos no recurriera la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias que declara irregular la obra.

Por su parte Eloy Martínez, defiende la ilegalidad del proyecto y opina que en esa parcela debería haber una biblioteca, un centro social u otro servicio similar.

En medio del conflicto se encuentra el Principado, que es el propietario del inmueble y quien tiene la potestad para decidir qué hacer con él. La directora general de Vivienda, Ana Rivas, se reunió anteayer con Eloy Martínez y le trasladó su interés por resolver el conflicto en cuanto sepa qué organismo es el encargado de hacerlo.

Ahora queda por saber en qué consiste esa solución y cómo afecta a los habitantes de los pisos de la discordia.