El Principado se lava las manos en la polémica de los 92 pisos de protección social de Salinas que una sentencia del Tribunal Supremo declaró ilegales. La Consejería de Vivienda asegura que no puede hacer nada al respecto. Mientras que no haya una sentencia que diga que Vivienda debe actuar, nosotros no podemos intervenir, declaró una portavoz de la Consejería de Vivienda del Principado. Además, el Gobierno regional considera que la denuncia que interpuso “Amigos de Salinas” es contra el Ayuntamiento de Castrillón: Son ellos los que deben de dar una solución. Los responsables de Vivienda aseguran, además, que la resolución judicial no deja claro qué es lo que debe hacerse exactamente.

Por su parte, los residentes del inmueble en conflicto critican que aún no les haya sido remitida copia de la última sentencia del Tribunal Supremo, la que da la razón al colectivo vecinal.