Noticia de La Nueva España

La alarma está cundiendo entre los inquilinos de los pisos de promoción pública de Salinas, tras admitir a trámite el juez un recurso contencioso administrativo de la asociación de vecinos “Amigos de Salinas” en el que reclama la nulidad de la licencia de obra concedida por el Ayuntamiento de Castrillón al Principado para la construcción de las viviendas. Los inquilinos, menores de 35 años, acudieron ayer a recabar información del Ayuntamiento ya que están recibiendo una copia del emplazamiento judicial al que tiene que comparecer el Ayuntamiento en unas semanas.

“Es un contencioso administrativo contra el Ayuntamiento. Los inquilinos tienen el derecho a ser informados pero no la obligación de personarse”, señaló una fuente municipal. De hecho si algún inquilino se persona en el contencioso deberá hacerlo con un abogado y costear los gastos judiciales que le correspondan.

“Los inquilinos de los pisos del Principado pueden estar tranquilos porque el Ayuntamiento va a defender los intereses público y, entre otros en este caso están sus derechos. Lo que deberían reclamar es una explicación al presidente de la asociación de vecinos Eloy Martínez Argüelles y que explique públicamente qué intereses particulares está defendiendo”, manifestó la alcaldesa de Castrillón, Ángela Vallina. Los requerimientos llegarán a los 92 inquilinos y a Vipasa, la sociedad anónima Viviendas del Principado de Asturias que administrar el patrimonio público de viviendas. “Si los inquilinos tienen algún problema en la comunidad se lo trasladan a Vipasa y en este caso es igual, la sociedad sopesa personarse en el contencioso en defensa de los intereses públicos”, explicó una fuente regional.

Los bajos comerciales del edificio es la moneda de cambio por la que los pisos en los que el Principado gastó más de seis millones de euros y están habitados desde hace dos años, siguen siendo objeto de polémica. El Ayuntamiento de Castrillón cedió al principado el solar en el que se ubicaba la plaza de abasto que fue derruida, “Amigos de Salinas” desde el Principado del expediente presentó varios recursos y el juez le dio la razón al anular la modificación puntual del Plan general de Ordenación Urbana necesaria para hacer el edificio. Los dos bajos del edificio de 492 y 270 metros cuadrados fueron cedidos por el Principado al Ayuntamiento para usos socioculturales. El gobierno local de IU quiere habilitar uno de los bajos como sala de estudios, mientras que “Amigos de Salinas” quiere gestionar el uso de los locales. “La asociación está tensando la cuerda”, afirmaron desde el gobierno municipal.