La Fiscalía ha recurrido la sentencia que absolvió a J. A. Q. G. de defraudar a la Hacienda pública más de 800.000 euros. La Fiscalía solicita que se revoque el fallo absolutorio del juzgado avilesino de julio de 2011 y solicita que se condene al imputado a tres años de prisión, cinco de pérdida del derecho a obtener subvenciones o ayudas públicas y al pago de más de tres millones de euros, entre multas e indemnización a la administración.

J. A. Q. G. estaba dado de alta en el impuesto de actividades económicas (IAE) desde 2000 en el epígrafe compraventa menor de vehículos terrestres, con domicilio para esa actividad en Castrillón. En el ejercicio de 2006 el acusado, según la Fiscalía, declaró una base imponible en la declaración resumen anual de 195.307 euros, cuando se ha comprobado, dice el Ministerio Público una base imponible de más de 5,2 millones de euros. Ingresó a Hacienda poco más de 1.000 euros cuando deberían ser casi 805.000.