El juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Oviedo desestimó la autorización judicial solicitada por el Ayuntamiento de Castrillón para poder entrar en una propiedad privada y derribar un muro. En un Auto del pasado día 12, el juez da la razón al Ayuntamiento pero falla en contra de la administración local porque a pesar de haber sido requerido por el juzgado, el Ayuntamiento no remitió en plazo la prueba documental de haber intentando el consentimiento del titular de la finca.

El muro está ubicado en la calle Fructuoso Álvarez de Salinas, donde hace un año se realizaron las obras de peatonalización. No obstante, los trabajos que desarrolla la empresa adjudicataria Tratamientos Asfálticos S. A. (Trasfalt) no pueden finalizar hasta que se derribe el muro.

Las obras de peatonalización de Fructuoso Álvarez las financia el Ayuntamiento y tienen un coste de 75.520 euros. Los trabajos comenzaron en 2010 y consistieron en el adoquinamiento de la calzada y la construcción de aceras. El pavimento instalado absorbe las emisiones contaminantes a la atmósfera.

El gobierno local de IU sostiene que la licencia de obra que el Ayuntamiento dio a los propietarios de las viviendas que hay en la finca estaba ligada al derribo del muro cuando comenzaran las obras de peatonalización.

El juez da la razón al Ayuntamiento pero en el Auto sostiene que los trámites para derribar el muro deberán realizarse de nuevo. El gobierno afirma que los propietarios de la finca desoyeron siempre los requerimientos municipales.