El PP se ha interesado por la situación legal de las viviendas de promoción pública construidas por el Principado en Salinas. El diputado del PP en la Junta General del Principado, Fernando Goñi, presentó ante la Mesa de la Junta una batería de preguntas con el fin de que el Gobierno regional despeje el estado de la urbanización tras una sentencia firme que anuló la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Castrillón aprobado por la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (Cuota) para ese ámbito. Una de las preguntas presentadas por escrito por Goñi en la Mesa de la Junta se refiere a si «se procedió a la ejecución de la sentencia que decretó la nulidad de la modificación del plan urbano aprobada por la Cuota para permitir la construcción del inmueble como equipamiento público».

Asimismo, el diputado popular plantea otras tres preguntas a las que, como la anterior, la Mesa deberá contestar también por escrito. Goñi pregunta si se han escriturado y registrado las viviendas, los garajes y los locales de negocio del inmueble. En caso contrario pregunta las razones por las que «no se ha procedido aún a realizar dichas operaciones de formalización de escrituras y registro de los diferentes predios que constituyen el inmueble». El PP se interesa también por la entrega de las plazas de garaje y la cesión al Ayuntamiento de Castrillón de los bajos del inmueble. «En caso negativo, preguntamos por las razones de que no se hayan realizado esos trámites», apunta Goñi.

Una sentencia judicial del pasado mes de marzo anuló la modificación del plan urbano aprobada por la Cuota en base a la que se ejecutaron las obras. La asociación de vecinos «Amigos de Salinas» había recurrido el acuerdo que la comisión permanente de la Cuota tomó el 2 de julio de 2010 por el que se autorizaba la modificación puntual del plan urbano que había aprobado unas semanas antes el gobierno municipal de entonces (IU-PSOE). La asociación de vecinos basó el recurso en que el plan urbano calificaba la plaza de abastos -que se derribó para construir los pisos- como equipamiento público ya existente, una calificación que el juez encontró incompatible con las viviendas «porque es un bien de servicio y dominio público afecto a servicio municipal».

El Ayuntamiento cedió el solar de 6.000 metros cuadrados al Principado para la construcción de 92 pisos para jóvenes en régimen de alquiler. El inmueble, ubicado en la calle Doctor Carreño de Salinas, supuso al Gobierno regional una inversión de 6,8 millones de euros. Los pisos se entregaron a los beneficiarios en diciembre de 2011.

La alcaldesa de Castrillón, Ángela Vallina (IU), señaló hace unos días que la Cuota ya ejecutó la sentencia judicial, anulando la modificación puntual del plan urbano, pero que la licencia municipal de obra sigue siendo válida porque cumplía la legalidad cuando se concedió.