El juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de Oviedo que tramita el recurso presentado por Aqualia contra el Ayuntamiento de Castrillón por responsabilidad patrimonial, ha requerido un informe sobre la comisión municipal de seguimiento del contrato del agua. Asimismo, en el marco de las actuaciones judiciales, ha pedido las declaraciones de la alcaldesa, Ángela Vallina (IU), y del Interventor municipal, en este caso de testigo, sobre varios aspectos del contrato de gestión del servicio municipal del agua.

En el recurso planteado Aqualia reclama al Ayuntamiento una indemnización de 2.748.562 euros por responsabilidad patrimonial. La empresa justifica la reclamación entre otros motivos, por el retraso de la alcaldesa en firmar el contrato, por la decisión de Vallina de bloquear el plan de inversiones y por los gastos judiciales de los diferentes pleitos que Aqualia valora en más de 100.000 euros.

Entre las preguntas planteadas por el juez a la alcaldesa una de ellas hace referencia a las razones por las que no convoca la comisión de seguimiento del agua. Asimismo, requiere una contestación de Vallina para que justifique las razones de la tardanza de más de un año en la firma del contrato con la empresa tras una sentencia judicial firme. Las preguntas como testigo al Interventor hacen referencia a la elaboración de los informes técnicos requeridos por el juzgado.

La maraña judicial por la privatización del agua se prolonga desde hace seis años. El juez anuló la primera adjudicación del agua realizada en 2006, siendo alcalde, entonces por el PP, José María León Pérez, tras un recurso de IU entonces en la oposición municipal. El juez ordenó repetir el Pleno que tuvo lugar el 12 de mayo de 2010 y el contrato volvió a ser adjudicado a Aqualia con los votos del PP y el PSOE. IU volvió a recurrir la adjudicación.

La empresa recurrió la negativa de Vallina a cumplir el acuerdo plenario y una sentencia de abril de este año confirmó la legalidad de la adjudicación de 2010. El contrato tiene una duración de 25 años que se cuentan desde la primera adjudicación.