El PP arremetió ayer contra la consejera de Bienestar Social y Vivienda, Esther Díaz (PSOE) y contra la alcaldesa de Castrillón, Ángela Vallina (IU), por no ejecutar la sentencia sobre las viviendas de promoción pública de Salinas en la que el juez sostiene que los pisos no pueden ser considerados como equipamiento público. “La Consejera confirmó la situación de alegalidad, sino de franca ilegalidad y se lava las manos, en la ejecución de la sentencia”, afirmó el portavoz municipal del PP, Jesús Pablo González-Nuevo Quiñones tras conocer las respuestas del Principado a la pregunta que realizó el pasado mes de octubre el diputado popular en la Junta General del Principado, Fernando Goñi, sobre la situación jurídica de las viviendas.

Esther Díaz contestó a Goñi que “la Consejería no es competente para ejecutar, en sus propios términos, la sentencia”. El fallo judicial emitido el pasado marzo, anuló la modificación del Plan de Ordenación Urbana de Castrillón aprobado por la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (Cuota) en base a la que se ejecutaron las obras.

La asociación de vecinos “Amigos de Salinas” había recurrido el acuerdo que la comisión permanente de la Cuota tomó el 2 de julio de 2010 por el que autorizaba la modificación puntual del Plan urbano que había aprobado unas semanas antes el gobierno municipal de entonces (IU-PSOE). La asociación de vecinos basó el recurso en que el Plan urbano calificaba la plaza de abastos de propiedad municipal -que se derribó para construir los pisos- como equipamiento público ya existente, una calificación que el juez encontró incompatible con las viviendas.

En el solar que ocupaba la plaza de abastos de Salinas, el Principado construyó 92 pisos de promoción pública para alquilar a jóvenes. Las viviendas se adjudicaron hace un año y el proyecto costó seis millones de euros.

“Esta es una muestra más de las tropelías legales a las que nos tiene acostumbrados la alcaldesa e IU a las que seguramente no es ajeno el actual coordinador de IU de Asturias, Manuel González Orviz, que entonces era director general de Vivienda del Principado”, dijo Quiñones. “Tenemos 92 pisos ilegales y para más inri públicos”, concluyó.