La asociación de vecinos «Amigos de Salinas» va a pedir esta semana al juez la ejecución de la sentencia del pasado mes de marzo, que anuló la recalificación del suelo, de propiedad municipal, que antiguamente ocupaba la plaza de bastos de la localidad. El presidente de la entidad vecinal, Eloy Martínez Argüelles, señaló que van a pedir al juzgado la ejecución del fallo judicial, sin explicar cómo.

La Alcaldesa, Ángela Vallina (IU), tras mantener contactos con responsables de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (Cuota) manifestó que la sentencia ya se ha cumplido. Asimismo, la consejera de Vivienda, Esther Díaz, aseguró que el Principado «no es competente para ejecutar en sus propios términos la sentencia».

El Principado gastó casi siete millones de euros en la construcción de las viviendas destinadas a vecinos del concejo de hasta 35 años y que se adjudicaron en régimen de alquiler. Los 92 vecinos del concejo a los que les fueron adjudicadas las viviendas el 23 de diciembre de 2011, los verdaderos perjudicados, se quejan de la falta de apoyos y de la actitud de la asociación vecinal. «Somos 92 familias formadas por gente trabajadores de todos los sectores laborales y desde luego de todas las tendencias políticas y estamos indefensos», afirman.

La polémica surgió cuando «Amigos de Salinas» recurrió el acuerdo de la Cuota de julio de 2010 por el que autorizaba al Ayuntamiento a realizar una modificación puntual del Plan urbano. La asociación de vecinos apeló al juez al considerar que la construcción de viviendas de promoción pública no era equipamiento público, como estaba calificado en el Plan urbano la parcela de 6.000 metros cuadrados que ocupaba la plaza de abastos. El juez les dio la razón.

La alcaldesa aseguró que la Cuota ya anuló la modificación puntual del Plan urbano. El problema ahora, según Vallina, está solo sobre el papel al quedar el edificio fuera de ordenación. «Eso se va a solucionar cuando el Ayuntamiento haga una revisión del Plan General de Ordenación Urbana en la que incluiremos la nueva calificación del inmueble». El PP sostiene que el edificio al menos es «alegal».