El Ayuntamiento de Castrillón negocia con la empresa Frank Asesores el pago del medio millón de euros que le adeuda, en concepto de indemnización por haberle paralizado durante cerca de tres años las obras de construcción de un edificio de oficinas en Piedras Blancas de forma ilegal, tal y como sentenció el juez. «Estamos en ello», manifestó la alcaldesa, Ángela Vallina, que dados los problemas de liquidez que atraviesa el Ayuntamiento no rechaza la posibilidad de utilizar alguna propiedad municipal como moneda de pago .

La sentencia se suma a otra serie de reveses judiciales que ha sufrido el Ayuntamiento a lo largo de los últimos tiempos, algunos de ellos derivadas de actuaciones de anteriores gobiernos. Es el caso de los 493.017 euros ya satisfechos a tres herederos de terrenos afectados por la urbanización, allá por los años 90, con PSOE e IU en el gobierno, de la avenida Principal de Piedras Blancas y sus calles adyacentes, o los 83.234 euros que se ha pagado a la empresa propietaria del Camping Las Lunas, clausurado ilegalmente en 2006, bajo mandato del PP.

Mucho más recientes son las sentencias que han obligado a pagar 42.802 euros a la propietaria de una casa de la Lloba que fue derribada y 20.000 a la empresa que construyó el Valey Centro Cultural de Castrillón, entre otras.

El Ayuntamiento también ha tenido que hacer frente a indemnizaciones por despido improcedente de varios trabajadores y soportar elevadas costas de procesos judiciales, como el mantenido con la empresa propietaria de la finca urbana de las dunas, con la que ahora se negocia una permuta que le permitiría desarrollar en terreno municipal el proyecto urbanístico que tenía previsto realizar en las dunas.

En cuanto la indemnización de medio millón de euros pendiente con Frank Asesores, el juez concedió a principios de octubre un plazo de veinte días al Ayuntamiento para ejecutar el pago, advirtiendo que en caso de apreciar falta de diligencia en el cumplimiento podría incrementar en dos puntos el interés legal devengado .

Queda por resolver la demanda en interpuesta en mayo por la empresa Aqualia, que reclama una indemnización de 2.748.562 euros para reparar los daños y perjuicios ocasionado los incumplimientos en los que habría incurrido la administración municipal con la empresa, adjudicataria del servicio de gestión del agua.