Noticia de La Voz de Avilés

Aqualia propone subir un 70% la tarifa del agua como solución para enjuagar el desequilibrio económico que le genera la concesión del servicio en Castrillón. La subida se traduciría en unos quince euros al trimestre por abonado, advierten PSOE y PP. «Una familia de cuatro personas pasaría de pagar 22 a 38 euros», puntualiza el portavoz socialista, Manuel Ángel Fernández Galán, que volvió a solicitar la dimisión de la alcaldesa, Ángela Vallina, a cuyas decisiones achaca el desequilibrio que denuncia Aqualia. «Nosotros no vamos a negociar nada mientras continúe en la alcaldía. Solo negociaremos si dimite», reiteró. Su petición se une a las formuladas anteriormente por PP y Foro, que igualmente responsabilizan a la alcaldesa de la situación.

Los tres partidos apuntan como principal causa del desequilibrio la decisión de Vallina de paralizar las inversiones, por importe de ocho millones de euros, que por contrato ha de acometer Aqualia en la red. A fecha de 2010 ascendía a 2,7 millones, según la denuncia presentada entonces por la empresa, que al margen de otras cuestiones situaba a la alcaldesa, a sus decisiones, como principal protagonista del desequilibrio.

Aunque el juez la desestimó por no estar planteada en los términos adecuados, la sentencia no cierra la vía judicial, y Aqualia ha dejado claro que la retomará si no prosperan las negociaciones que mantiene con el Ayuntamiento en aras de alcanzar un acuerdo que ponga fin al conflicto. A día de hoy ese acuerdo, que precisa el visto bueno del Pleno, no parece cercano.

La próxima reunión está prevista para mañana. Foro anuncia que no acudirá, y el PSOE que no apoyará la subida. El PP, por su parte, se muestra propenso a alcanzar un acuerdo, al entender que es la mejor salida posible, pero vincula su apoyo a que también lo presten el resto de los grupos de la oposición, extremo que no parece factible. «O alcanzamos un acuerdo o nos arriesgamos a que la empresa reclame judicialmente una fuerte indemnización cada cuatro años, pero si los demás se desentienden del problema nosotros tampoco estamos dispuestos a asumir más responsabilidad de las que nos corresponden», avisó recientemente el portavoz popular, Jesús Pablo González-Nuevo Quiñones.

Tanto el PP como el PSOE aseguran que un informe pericial realizado por orden del juez establece en al menos 1,7 millones el desequilibrio causado a Aqualia, principalmente por paralizar las inversiones. Según Galán de ahí proceden 1,2 millones. Los 500.000 euros restantes tendrían su origen en la subida de las tarifas energéticas y en los datos que utilizó Aqualia para calcular la oferta que presentó al concurso de adjudicación, aportados por el Ayuntamiento y al parecer, erróneos.

Es en este punto donde Vallina pone el acento. «El informe de rentabilidad de la red la cifraba en un 66,69%, cuando en realidad es de apenas un 23%. Eso significa que el 77% del agua que toma la red de abastecimiento se pierde por el camino, no llega a los grifos», precisó. La alcaldesa, que admite el desequilibrio, aunque no lo cuantifica, también recuerda que la privatización se realizó con el PP en la alcaldía, y que fue una empresa privada, y no técnicos municipales, quien aportó los datos a la postre erróneos.

Desde el PP la óptica es distinta. «El problema no está en la privatización, que ha sido positiva tanto desde el punto de vista de servicio como económico. Hay que recordar que el servicio le costaba al Ayuntamiento más de 600.000 euros al año y que Aqualia pagó un canon de tres millones de euros y tiene que invertir 8,1 millones en el concejo. El problema está en las absurdas decisiones que una y otra vez adoptó la alcaldesa», señaló Quiñones.

La subida que plantea Aqualia se realizaría progresivamente, en tres años, y a partir de ahí la tarifa se mantendría. La decisión de aceptar o no la propuesta está en manos de la Corporación.