Noticia de La Nueva España

La alcaldesa de Castrillón, Ángela Vallina, y la asociación de vecinos «Amigos de Salinas» llegaron ayer a un principio de acuerdo para terminar con la polémica generada por la construcción por el Principado de 92 viviendas de protección pública en Salinas que fueron alquilados a castrillonenses menores de 35 años.

La alcaldesa y el abogado municipal, por un lado, y el presidente de la entidad vecinal, Eloy Martínez Argüelles, y el abogado que de la entidad, por el otro, mantuvieron una reunión en la que «Amigos de Salinas» se comprometió a suspender cautelarmente el recurso contencioso administrativo por el que reclama la anulación de la licencia de obra del edificio, mientras que la Alcaldesa redactará un documento con el uso que se le dará a los bajos comerciales del inmueble que son de propiedad municipal.

«Hemos llegado a un compromiso para el uso público de los locales y la asociación suspende el contencioso», señaló Vallina tras la reunión. «Esperamos que el documento sobre el uso de los bajos comerciales esté redactado para el 7 de febrero, fecha en la que celebraremos la asamblea anual de la asociación y así explicárselo a los vecinos», manifestó Eloy Martínez.

El Ayuntamiento de Castrillón cedió al Principado el solar de 6.000 metros cuadrados que ocupaba la plaza de abastos, para la construcción de las 92 viviendas que se entregaron en diciembre de 2011 en régimen de alquiler. En las condiciones de cesión al Principado del solar, se incluía la entrega al Ayuntamiento de los dos bajos comerciales de 492 y 270 metros cuadrados. «Uno de los usos será una sala de estudio que espero podamos incluir en el presupuesto de 2014 para habilitarla ya», indicó la Alcaldesa. Asimismo, podría instalarse una sala de exposiciones y de reuniones, todo para uso público.